Cambios relacionados a la interoperabilidad de las billeteras digitales
El día 30 de mayo de 2024 el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) publicó la Comunicación "A" 8032 (la “Comunicación”) a través de la cual introdujo diferentes adecuaciones al Texto Ordenado del Sistema Nacional de Pagos – Servicios de Pago.
En este sentido, el BCRA dio otro paso hacia la interoperabilidad total de los pagos con QR, estableciendo que la interoperabilidad alcanzará también a todas las billeteras digitales registradas (las “Billeteras”), ya sean bancarias o de proveedores de servicios de pago (“PSP”), que permitan realizar pagos con tarjeta de crédito y/o tarjetas prepagas a través de códigos QR.
Es decir que toda Billetera que permita efectuar pagos con tarjetas de crédito mediante la lectura de códigos QR deberá poder leer toda imagen impresa, dispositivo o terminal que sea provista o facilitada por todo adquirente o agregador que permita aceptar pagos con dicho instrumento mediante la lectura de un código QR.
A su vez, en materia de comisiones, estableció que en los pagos con tarjeta de crédito iniciados mediante la lectura de códigos QR, las entidades financieras y PSP que brinden el servicio de Billetera desde la que el cliente inicia el pago, pero no hayan emitido la tarjeta de crédito utilizada, estarán facultadas a cobrar a la emisora por cada transacción una comisión de hasta el 0,07% del importe de la transacción.
Por otro lado, introdujo un importante cambio en materia de prevención del fraude, en el cual se estableció que las Billeteras deberán asumir la responsabilidad por fraude cuando se realice un pago a través de los medios descriptos precedentemente, excepto que:
- La billetera procese el pago con los requisitos y estándares técnicos de tokenización y autenticación de la marca de la tarjeta.
- La transacción no pueda procesarse con los requisitos y estándares técnicos disponibilizados por la marca de la tarjeta, cuando hubieran sido implementados por todos los participantes de la transacción excepto por el adquirente/agregador. Sólo en este caso el adquirente/agregador deberá responsabilizarse del fraude;
- Que exista acuerdo en contrario entre emisores, billeteras y/o adquirentes/agregadores involucrados en la transacción.
Cabe destacar que la Comunicación será aplicable a los pagos efectuados con tarjetas prepagas, al igual que las medidas establecidas en el año 2023 en la Comunicación "A" 7769.
Por último, en cuanto al momento de entrada en vigencia, las cuestiones relacionadas a los pagos realizados con tarjeta de crédito mediante la lectura de un código QR, entrarán en vigencia a los 60 días contados desde el la fecha de difusión de la Comunicación, mientras que las medidas relacionadas a los pagos que se realicen a través de una tarjeta prepaga, entrarán en vigencia a los 270 días desde la fecha de publicación de esta Comunicación.
Para más información sobre este tema contactar a Eugenia Pracchia y/o a Rocío Pardo Domínguez.
Resolución 126/2024 AAIP: Cambios en la clasificación de infracciones a las leyes Nro. 25.326 Y 26.951 y en el régimen de graduación de sanciones
El 24 de mayo de 2024 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 126/2024 (la “Resolución”) emitida por la Agencia de Acceso a la Información Pública (“AAIP”) que tuvo como objetivo, entre otras cuestiones relacionadas, la aprobación de una nueva “Clasificación de infracciones” y un “Régimen de graduación de las sanciones por infracciones a las leyes Nro. 25.326 y la 26.951”, cuyos cambios entrarán en vigencia a partir del 01 de junio de 2024, conforme lo indica el Art. 7 de la Resolución.
Esta misma Resolución también ha incorporado procedimientos para la gestión del Registro Nacional “No Llame”, su implementación, y de las denuncias que puedan ser cursadas por presuntos incumplimientos a la Ley Nro. 26.951, así como también la administración del Registro de Infractores de esta última y de la Ley de Protección de Datos Personales Nro 25.326 (“LPDP”), siendo ello competencia de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (“DNPDP”).
Conforme lo dispuesto, el objetivo de la presente medida consistiría en agilizar los procedimientos administrativos, orientándose hacia la prevención y el desaliento de conductas que puedan derivar en infracciones, teniendo en cuenta los avances y cambios en la tecnología, implementando para ello un sistema de sanciones más esquematizado.
En líneas generales, resultan relevantes las modificaciones incorporadas con respecto a la clasificación de infracciones y el régimen de graduación de sanciones, a saber:
Clasificación de infracciones
Con esta Resolución, se mantiene la clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves, siendo catalogadas como infracciones “leves” a partir de ahora, conductas como no informar y/o acreditar el cumplimiento a requisitos exigidos para la cesión de datos personales, así como no informar medidas de seguridad y confidencialidad implementadas cuando esto fuere solicitado por la DNPDP; o bien, ante la reticencia del sujeto obligado a dar respuesta a solicitud de información por parte de la DNPDP en procedimientos de inspección o en ejercicio de sus competencias.
Por otro lado, pasa a considerarse infracción “grave” aquellos supuestos en los que el sujeto obligado realice tratamiento de datos mediante videocámaras sin cumplir con las condiciones previstas por la LPDP, manteniendo los supuestos de infracciones “muy graves” tal como se enunciaban en la norma anterior, sin perjuicio de que la AAIP sigue manteniendo la competencia para catalogar otro tipo de conductas bajo esta escala.
Régimen de graduación de las sanciones por infracciones a la LPDP
A partir de esta modificación, se fijan nuevas escalas de multas que van desde mil pesos ($1.000) hasta cien mil pesos ($100.000) por infracción, pudiendo aplicarse apercibimientos, suspensiones, clausuras o cancelaciones de las bases de datos dependiendo la gravedad de la misma. En su caso, la AAIP podrá imponer adicionalmente obligaciones de hacer para el cese de los incumplimientos detectados.
Asimismo, se establece que, cuando haya acumulación de sanciones y el acto administrativo condenatorio incluya más de una sanción pecuniaria por la idéntica conducta sancionable, se aplicará un tope al monto total de la multa por dichas conductas equivalentes al máximo de la escala que corresponda según la gravedad de las infracciones cometidas, multiplicado por quinientos (500).
Por último, en aquellos casos que el sancionado elija pagar voluntariamente, la norma amplía este plazo para que pueda hacerlo dentro de los veinte (20) días hábiles desde su notificación de la multa, estableciendo así la posibilidad de reducir en un cincuenta por ciento (50%) el valor de la misma.
Para más información sobre este tema, contactar a Eugenia Pracchia y/o Rocío Pardo Domínguez.
Reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía
El 28 de mayo de 2024 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 465/2024 (el “Decreto 465”), que determina la reestructuración de los regímenes de subsidios en los regímenes de energía bajo jurisdicción nacional (electricidad, gas natural por redes y gas envasado).
En los considerados del Decreto 465 se resalta, en otras cuestiones, que el congelamiento de las tarifas y la interrupción de las revisiones tarifarias realizadas en períodos precedentes llevaron a que las tarifa no reflejasen el costo del suministro y a que las concesionarias dejaran de hacer las inversiones obligatorias, circunstancia que atenta contra la vida útil de los activos. Asimismo, se menciona que la política de subsidios actual y el sistema de segmentación establecido por el Decreto 332/22 ha llevado a que los precios mayoristas de energía no cubran los costos de abastecimiento, hecho que culminó en que el sector energético requiera de aportes crecientes del Tesoro Nacional para continuar funcionando.
Objetivos
Entre los objetivos que propone el Decreto 465, se encuentran: a) Trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; b) Promover la eficiencia energética; y c) Asegurar a los usuarios residenciales vulnerables, el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado.
Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados
El Decreto 465 establece un Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados (el “Período de Transición”), desde el 1º de junio hasta el 30 de noviembre de 2024, pudiendo ser prorrogado por única vez, por un plazo de seis (6) meses, mediante resolución fundada de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía (la “SE”), en su carácter de Autoridad de Aplicación del Decreto 332/22.
Durante la vigencia del Período de Transición, la Autoridad de Aplicación deberá desarrollar todas las acciones necesarias para una transición gradual, ordenada y previsible hacia precios de mercado y tarifas basadas en costos económicos para el sector energético, asegurando los objetivos mencionados previamente, y la gradual reducción de los subsidios actualmente vigentes.
De esta manera, podrá revisar los criterios de inclusión en cada uno de los niveles de segmentación previstos en el artículo 2º del Decreto 332/22 y establecer criterios de exclusión a partir de indicadores de exteriorización patrimonial que indirectamente manifiesten nivel de ingresos.
Adicionalmente, se dejan sin efecto los límites del impacto en factura que genera la corrección del componente energía fijado como porcentaje del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, contenido en el artículo 2 del Decreto 332/22.
Delegación de facultades a la Secretaría de Energía
Para dar lugar al cumplimiento el Decreto 465 faculta a la SE a:
- Establecer topes a los volúmenes de consumo subsidiados en todas las categorías y segmentos residenciales, tanto para electricidad como para gas, debiendo contemplar el criterio de consumo indispensable, a cuyo efecto podrá considerar la zona bioambiental en la que se ubica el consumo y la época del año.
- Aplicar a los usuarios de las categorías denominadas Nivel 2 y Nivel 3 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (el “RASE”) descuentos sobre el componente Energía que se traslada a las tarifas finales correspondientes a la categoría residencial.
- Disponer que las cantidades consumidas en exceso a los volúmenes máximos subsidiables sean abonadas a los precios mayoristas de gas natural y energía eléctrica establecidos por la SE o resultantes de la interacción de los agentes del mercado, conforme a los cuadros tarifarios aprobados por las autoridades competentes en cada jurisdicción, con la posibilidad de mantener escalones graduales de bonificación para los volúmenes excedentes en el caso de los usuarios Nivel 2.
- Revisar periódicamente los volúmenes de consumo máximo a subsidiar, así como los montos o porcentajes de los descuentos sobre el componente Energía.
- Modificar la denominación y/o el criterio de segmentación de las categorías de usuarios residenciales, incorporados en el RASE, incluyendo la revisión de los indicadores patrimoniales de manifestación de ingresos, así como la posibilidad de su unificación para establecer una única categoría de usuarios residenciales que requieran asistencia para acceder al consumo indispensable de energía.
- Calibrar las diferentes variables que se requerirán para la implementación del régimen de subsidios focalizados de Canasta Básica Energética (la “CBE”), y realizar las pruebas y verificaciones pertinentes en función de la evaluación de los resultados observados durante el Período de Transición.
- Invitar a los usuarios residenciales a reempadronarse en el RASE y realizar los cruces de información con otras bases de datos nacionales o provinciales, a fin de actualizar el padrón de beneficiarios y minimizar los errores de inclusión y exclusión.
- Determinar los mecanismos de compensación de los menores ingresos de las licenciatarias o concesionarias de servicios de distribución por aplicación de las bonificaciones establecidas durante la vigencia del Período de Transición.
- Dictar todos los actos que se requieran para la implementación de lo dispuesto, debiendo observar los criterios de transparencia, equidad, proporcionalidad, previsibilidad y gradualidad.
- Determinar los roles de otros actores públicos, como el Ente Nacional Regulador del Gas (el “ENARGAS”), al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (el “ENRE”), a la Administración Nacional de la Seguridad Social (la “ANSES”) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (la “AFIP”).
- Considerar, durante el Período de Transición, la existencia de otros regímenes de beneficios y/o subsidios a la energía vigentes, a fin de recomendar o proceder a su adecuación, eliminación y/o reemplazo.
En este sentido, la SE podrá delegar en sus dependencias inferiores con competencia sustantiva, hasta el nivel de Subsecretaría.
***
Para información adicional, por favor contactar a Nicolás Eliaschev, Javier Constanzó, Pablo Arrascaeta, Daiana Perrone, Florencia Martínez, Milagros Piñeiro, Rocío Valdez y/o Victoria Barrueco.
Emisión de Títulos de Deuda Clase 2 de la Provincia de Córdoba por un valor nominal total de $120.000.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Provincia de Córdoba como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U, Balanz Capital Valores S.A.U. y Macro Securities S.A., en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Títulos de Deuda Clase 2 de la Provincia de Córdoba (los “Títulos de Deuda Clase 2”), en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia por hasta U$S350.000.000. Los Títulos de Deuda Clase 2 se encuentran garantizados con los recursos de la Provincia provenientes de los fondos de coparticipación federal de impuestos que le corresponden en virtud del Régimen de Coparticipación Federal. Los Títulos de Deuda Clase 2 fueron emitidos el 24 de mayo de 2024 por un valor nominal de $120.000.000.000, con ajuste de capital a tasa CER más un margen del 4,50%, con vencimiento el 24 de mayo de 2027 y amortizan en dos (2) cuotas con fecha 24 de noviembre de 2026 y 24 de mayo de 2027. Los fondos serán utilizados por la Provincia para el financiamiento de la ejecución de obras de infraestructura que componen el plan de inversión del ejercicio 2024.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 18 y Clase 19 por U$34.873.114 y $4.533.448.945 de Celulosa Argentina S.A.
Asesores legales de Celulosa Argentina S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 18 por un valor nominal de U$S34.873.114 a tasa fija del 9,25% nominal anual con vencimiento el 16 de mayo de 2028, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, y Obligaciones Negociables Clase 19 por un valor nominal de $4.533.448.945 a Tasa Badlar y Margen aplicable de 6,99%, con vencimiento el 16 de mayo de 2025, denominadas y pagaderas en pesos, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo en circulación de hasta U$S150.000.000 o su equivalente en otras monedas.
Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertironline S.A.U, Zofingen Securities S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco CMF S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables. A su vez, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente de liquidación de las Obligaciones Negociables.
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- Experiencia mínima de 5 años, en estudios, en insolvencia, concursos & quiebras.
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Responsabilidades
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Descripción del área
Asesoramos a clientes en la resolución de controversias originadas en sus negocios, entre otros, en procesos individuales y colectivos de cumplimiento de contratos, daños generales, responsabilidad por productos y servicios, acciones societarias, insolvencia (reestructuraciones, concursos, quiebras y liquidación de entes y patrimonios), litigación financiera, cobro de deudas y ejecución de garantías, seguros, prácticas anticompetitivas, defensa ante reclamación ambiental, penal cambiario y desvinculaciones laborales complejas, y en aquellos originados en la regulación económica y el cumplimiento normativo. Los representamos en todas las instancias judiciales y administrativas, y en procesos arbitrales domésticos e internacionales.
Si te interesa sumarte a nuestro equipo y cumplís con los requisitos, por favor envianos tu CV actualizado a ana.aftalion@tavarone.com antes del viernes 17 de mayo.
En caso de que no cumplas con los requisitos, pero te interese trabajar en nuestro Estudio, por favor escribinos a RRHH@tavarone.com.
Federico Basile se incorpora al Estudio como Socio y liderará nuestra nueva área de Derecho Laboral
En el marco de nuestro 10° aniversario, la apertura del área de Derecho Laboral consolida el crecimiento del Estudio y su posicionamiento en el mercado como firma full service.
La práctica de Derecho Laboral del Estudio se centralizará en el asesoramiento laboral corporativo, incluyendo, entre otras materias, el diseño de estructuras contractuales y salariales, la defensa de nuestros clientes en instancias administrativas y judiciales, y la participación activa en negociaciones colectivas y conflictos sindicales.
Federico Basile tiene más de 30 años de experiencia en el ámbito del Derecho Laboral y una trayectoria que ha merecido reconocimiento local e internacional. Fue abogado asociado en Beccar Varela y lideró como Socio durante más de 15 años el área laboral de Bomchil. Federico decidió finalmente discontinuar su proyecto personal en Basile Abogados para unirse a nuestro Estudio a partir del 1 de mayo de 2024.
“Estamos muy contentos de anunciar la incorporación de Federico Basile como Socio, quien liderará nuestra nueva área de Derecho Laboral. Esta expansión subraya nuestro compromiso con la excelencia y la adaptación a las dinámicas necesidades de nuestros clientes, así como nuestro crecimiento y consolidación como firma full service. Federico aportará un valor significativo a nuestro equipo y fortalecerá aún más nuestra capacidad para ofrecer soluciones jurídicas de la más alta calidad”, afirma Marcelo Tavarone, Managing Partner del Estudio.
Su contribución al campo legal ha sido reconocida a través de diversas distinciones, ingresando a lo largo de los años en los primeros niveles de Legal500, LACCA y Chambers & Partners.
Egresado de la Universidad de La Plata, Federico mantiene un rol activo en distintas entidades profesionales. Es director de la Comisión de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, miembro de la Comisión de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la Comisión de Asuntos Laborales de AdRHA y de la Red de Abogados y de Capital Humano de Idea.
Profesor de Derecho del Trabajo en instituciones académicas, disertante en numerosos congresos y conferencias tanto en la Argentina como en el extranjero, y prolífico escritor de artículos de derecho laboral en medios gráficos y editoriales.
“Federico Basile no solo trae consigo una trayectoria excepcional en derecho laboral, sino también una visión innovadora que será fundamental en la evolución de nuestra nueva área de Derecho Laboral. Su experiencia y liderazgo son esenciales para nuestro objetivo de ofrecer un servicio integral a nuestros clientes", comenta Juan Pablo Bove, Socio de Corporate y M&A.
El nombramiento de Federico Basile como socio contribuirá significativamente al desarrollo de nuestra Firma y de la práctica del Derecho Laboral, fortaleciendo la presencia del Estudio en sectores clave y consolidando su compromiso con la excelencia legal.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se posiciona como uno de los estudios de abogados full service más destacados del mercado legal argentino, con una amplia trayectoria en asesoramiento integral a clientes corporativos y financieros, y en la participación en transacciones y litigios de alta complejidad.
Contacto de comunicación: Paula Cafferata – paula.cafferata@tavarone.com
Flexibilización del cepo para el pago de utilidades y dividendos a accionistas no residentes
El 30 de abril de 2024, el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) publicó la Comunicación “A” 7999, mediante la cual avanzó sobre la flexibilización del acceso al mercado de cambios para el pago de utilidades y dividendos adeudados a accionistas del exterior mediante la suscripción de Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (“BOPREAL”).
En tal sentido, el BCRA estableció que los clientes podrán suscribir BOPREAL por hasta el equivalente al monto en moneda local de utilidades y dividendos pendientes de pago a accionistas no residentes, según la distribución determinada por la asamblea de accionistas, sobre la base de balances cerrados y auditados.
Asimismo, con relación a la utilidades y dividendos cobradas en pesos en el país por no residentes desde el 1.9.19 y que no han sido remitidos al exterior, el BCRA estableció que los clientes no residentes podrán suscribir BOPREAL por hasta el equivalente al monto en moneda local de las utilidades y dividendos cobrados a partir del 1.9.19 según la distribución determinada por la asamblea de accionistas, ajustado por el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible a la fecha de suscripción.
Las ventas de estos BOPREAL con liquidación en moneda extranjera o las transferencias de estos bonos a depositarios del exterior realizadas por la sociedad o el accionista extranjero no bloquearán el acceso al mercado de cambios a los clientes.
Asimismo, los clientes podrán acceder al mercado de cambios para el pago de utilidades y dividendos mediante la realización de un canje y/o arbitraje con los fondos depositados en una cuenta local y originados en el cobro de capital e intereses en moneda extranjera de los BOPREAL.
Para más información sobre este tema, contactar a Francisco Molina Portela y/o Nicolás De Palma.
Posco Argentina obtiene préstamo de hasta U$S 668.000.000 para la construcción y desarrollo de la fase 2 de su proyecto de litio
Asesores legales de BNP Paribas New York Branch, BNP Paribas Seoul Branch, BNP Paribas Singapore Branch, Citibank N.A. Hong Kong Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank N.A., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Bank of America, The Export-Import Bank of Korea (KEXIM) y Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure) en un préstamo por la suma de hasta U$S 668.000.000 otorgado a Posco Argentina S.A.U. para financiar la construcción y desarrollo de la segunda fase del proyecto “Sal de Oro”, un proyecto de litio ubicado en Salar del Hombre Muerto, en las provincias de Catamarca y Salta en Argentina, uno de los proyectos de litio más importantes del país. Este préstamo representa un hito crucial para Posco en la consolidación de su negocio de litio en Argentina.
El proyecto fue adquirido por Posco en 2018 por U$S 280.000.000. Asimismo, el 25 de enero de 2023, Posco obtuvo financiamiento por U$S 411.900.000 para la construcción y desarrollo de una planta de litio como parte de la fase 1 del proyecto, incluyendo financiamiento para infraestructura y ciertas importaciones de bienes.
Los fondos de este préstamo serán destinados a la importación de bienes de capital y a la construcción de una fábrica que producirá anualmente 23.000 toneladas de carbonato de litio, cuya construcción se estima finalizar en agosto de 2025.
El préstamo está garantizado por Posco Holdings Inc., una sociedad constituida en Corea del Sur y uno de los productores de litio más importante del mundo, y por K-Sure y KEXIM, las agencias de crédito a la exportación coreanas.
El 25 de abril de 2024 se realizó el primer desembolso del Préstamo por un monto de U$S 42.000.000.