trsym

Reglamentación del RIGI: aspectos clave

El 23 de agosto de 2024 se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el Decreto 749/2024 (el “Decreto 749”) que reglamenta el Título VII de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (la “Ley Bases”) en aquellos aspectos inherente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (el “RIGI”) (para mayor información acerca del RIGI y la Ley Bases, ver aquí).

Además, el Decreto 749 dispone que las normas complementarias a emitir, entre otros organismos, por la Autoridad de Aplicación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (la “AFIP”) y el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”), deberán ser dictadas en un plazo máximo de treinta (30) días corridos desde la fecha de su publicación (23 de septiembre de 2024).

A continuación, se describen los aspectos más relevantes del Decreto 749:

1. Sujetos habilitados

Para solicitar la adhesión al RIGI, los Vehículos de Proyecto Único (el “VPU”) podrán utilizar sociedades, sucursales, uniones transitorias y otros contratos asociativos ya existentes a la fecha de la sanción de la Ley Bases.

Al respecto, las sociedades anónimas (“SA”), las sociedades anónimas unipersonales (“SAU”), las sociedades de responsabilidad limitada (“SRL”), las sucursales establecidas por sociedades constituidas en el extranjero (las “Sucursales”), y las uniones transitorias y otros contratos asociativos que estuvieran desarrollando actividades que involucren más de un proyecto y que pretendan adherir al RIGI, podrán optar por:

1. Adoptar todas las medidas necesarias a fin de que, al momento de realizar la solicitud ante la Autoridad de Aplicación, el VPU lleve a cabo un Proyecto Único y no desarrolle actividades ni posea activos no afectados al referido Proyecto Único, con excepción de las inversiones transitorias de su capital de trabajo que hagan a la administración prudente de sus fondos o cuando la afectación exclusiva no pudiese cumplirse por imposición normativa; o
2. Alternativamente, en el caso de una SA, una SRL o una Sucursal, establecer una Sucursal Dedicada y transferirle, asignarle o poner a disposición de manera irrestricta los activos correspondientes al Proyecto Único a desarrollar. En este caso, deberán presentar la documentación complementaria necesaria a tales efectos.

2. Monto Mínimo de Inversión

El Monto Mínimo de Inversión (el “Monto Mínimo”) se mantiene en doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000) (neto de IVA) para la mayoría de los sectores del RIGI -incluso para Proyectos Preexistentes sujetos a Ampliación (ver abajo)-, salvo para el subsector de transporte y almacenamiento de petróleo y gas, donde se eleva dicho mínimo a trescientos millones de dólares estadounidenses (USD 300.000.000); y para la explotación y producción tanto de costa afuera, como de gas destinado a la exportación, que se eleva a seiscientos millones de dólares estadounidenses (USD 600.000.000).

En el caso de que el proyecto involucre actividades de diversos sectores se tomará como Monto Mínimo el establecido para el sector al que corresponde el objeto principal de dicho proyecto o, cuando no pueda determinarse, el monto mayor.

Respecto de los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (los “EELP”) el Monto Mínimo se eleva de mil millones de dólares estadounidenses (USD 1.000.000.000) a dos mil millones de dólares estadounidenses (USD 2.000.000.000).

3. Ampliación de Proyectos Preexistentes

El Decreto 749 incorpora una serie de definiciones respecto al alcance de los términos Ampliación y Proyecto Preexistente.

La Ampliación es definida como el conjunto de inversiones en activos computables a ser efectuadas de acuerdo con un cronograma cierto que resulte en el incremento de la capacidad productiva de un Proyecto RIGI -definido como un proyecto adherido al RIGI- o de un Proyecto Preexistente.

Por su parte, el Proyecto Preexistente es definido como aquel no adherido al RIGI que sea objeto de una Ampliación, según este término, previo a que aquella se concrete.

De esta manera, en los casos en los que se solicite la adhesión al RIGI para la ejecución de una Ampliación de un Proyecto Preexistente, la Ampliación podrá calificar como Proyecto Único beneficiario del RIGI, cuando:

1. cumpla con todos los requisitos previstos en el RIGI e iguale o supere el Monto Mínimo; y
2. acompañe un plan que evidencie y por el cual se comprometa a que los incentivos del RIGI se aplicarán exclusivamente a la Ampliación del Proyecto Preexistente.

El Decreto 749 establece que en ningún caso la admisión bajo el RIGI de un Proyecto Único consistente en la Ampliación de un Proyecto Preexistente permitirá la aplicación de incentivos del RIGI en el Proyecto Preexistente. Para ello, se deberá constituir una sucursal dedicada exclusivamente a la Ampliación, o llevar contabilidad separada.

Se encuentra prohibido para un VPU titular de un Proyecto RIGI realizar adquisiciones y/o fusiones que no constituyan Ampliaciones del mismo Proyecto RIGI, resultando en la adquisición por parte del VPU adherido de un Proyecto distinto del Proyecto RIGI en violación del concepto de Proyecto Único.

Por otro lado, las adquisiciones o fusiones que involucren dos (2) o más Proyectos RIGI, requerirán la aprobación de la Autoridad de Aplicación para conformar un Proyecto Único adherido al RIGI, al que se le aplicarán los derechos y obligaciones correspondientes al proyecto de fecha de adhesión más antigua al RIGI.

Sin embargo, cualquier tercero podrá adquirir las acciones de un VPU adherido sin que dicha adquisición altere los derechos de los que goza el VPU adherido y su Proyecto RIGI.

4. Activos Computables

El Decreto 749 aclara que sólo se considerarán inversiones en activos computables las expresamente contempladas en la Ley Bases que se efectúen a partir de la entrada en vigencia del RIGI, aun cuando se realicen antes de la adhesión del VPU. En este punto, se aclara que la acreditación del cumplimiento del Monto Mínimo en activos computables deberá efectuarse en base a los importes efectivamente erogados por el VPU.

En cuanto a las adquisiciones de cuotas, acciones y/o participaciones, referidas en el segundo y tercer párrafo del artículo 174 de la Ley Bases, tendrán efectos a partir de la fecha en la que se curse a la sociedad en cuestión la notificación prevista en los artículos 159 o 215 de la Ley N° 19.550 General de Sociedades (“LGS”), según corresponda al tipo societario de que se trate.

No obstante, las inversiones previstas en el inciso (i) del tercer párrafo del artículo 174 de la Ley Bases -adquisición de cuotas, acciones y/o participaciones societarias de un VPU- solo incluyen a aquellas que sean inversiones directas (excluyendo así, aquellas “aguas arriba” o a nivel indirecto).

Por otro lado, el Decreto 749 establece que el límite porcentual del quince por ciento (15%) previsto en el cuarto párrafo del artículo 174 de la Ley Bases, es aplicable a:

1. las inversiones descriptas en los párrafos segundo y tercero del artículo 174 de la Ley Bases;
2. los bienes inmuebles, incluidos los inmuebles por accesión, de acuerdo con la definición prevista en el artículo 226 del Código Civil y Comercial de la Nación (el “CCyC”);
3. los derechos reales de usufructo sobre bienes inmuebles; y
4. las concesiones de explotación minera, de petróleo y gas.

Las inversiones por estos conceptos solo serán admitidas de efectuarse a partir de la entrada en vigencia del RIGI.

Las demás inversiones en activos computables no incluidas en los incisos anteriores podrán computarse hasta el cien por ciento (100%) del monto mínimo, en la medida en que se destinen a la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de un Proyecto Único.

5. Servicios esenciales

El Decreto 749 indica que, deberán entenderse por servicios esenciales -y como tales, computables hasta un 20% del monto mínimo- los servicios sin los cuales el Proyecto Único no podría ejecutarse y sean aprobados por la Autoridad de Aplicación como tales.

Se excluye aquellos servicios prestados por vinculadas.

6. Exportaciones Estratégicas de Largo Plazo

Para calificar como EELP el VPU deberá acreditar, al momento de presentar la solicitud de adhesión:

1. Posicionamiento internacional de la República Argentina como nuevo proveedor a largo plazo en el mercado global;
2. Extensión temporal de cada etapa del Proyecto Único, y el monto de inversión de cada una de ellas, que no podrá ser inferior a mil millones de dólares estadounidenses (USD 1.000.000.000), a cumplirse antes de la finalización de cada etapa.
3. Cumplimiento de una inversión mínima en activos computables igual o superior al veinte por ciento (20%) de dos mil millones de dólares estadounidenses (USD 2.000.000.000), para el primer y segundo año, contado desde la fecha de adhesión.
4. Datos societarios de cada uno de los VPU a cargo, y un compromiso de asunción de responsabilidad solidaria por todas las obligaciones exigibles en el marco del RIGI. Los EELP podrán estar a cargo de más de un VPU siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para ser calificado como Proyecto Único, con excepción de la exigencia vinculada al radio máximo de doscientos (200) kilómetros (sobre el particular, se aclara que, si los componentes del proyecto están en un radio mayor a 200 kilómetros, éstos deberán estar físicamente integrados).

Podrán considerarse como inversiones en activos computables a los efectos del cumplimiento de los montos mínimos para EELP las inversiones vinculadas a los derechos de uso que, de conformidad con lo previsto por las normas internacionales de información financiera, deban registrarse como activos por derecho de uso.

7. Incentivos tributarios y aduaneros

7.1. Impuesto a las Ganancias (“IG”)

7.1.1. Alícuota del IG

El Decreto 749 dispone que el beneficio de la alícuota del 25% establecido en el Artículo 183 de la Ley Bases resultará aplicable respecto de la ganancia neta sujeta a impuesto que surja, en un determinado período fiscal, como consecuencia de las actividades ejercidas por los VPU adheridos al RIGI, a partir de su adhesión al RIGI.

7.1.2. Régimen especial de amortizaciones

Los VPU podrán optar por practicar las amortizaciones según la Ley de Impuesto a las Ganancias (la “Ley de IG”)  o según el régimen especial establecido en el artículo 183 de la Ley Bases. El Decreto 749 indica que, en caso de optar por este régimen especial, se deberá aplicar a la totalidad de los activos del VPU y los bienes deberán permanecer en el patrimonio de aquél hasta el fin del ciclo de la actividad o su vida útil, si fuera menor. De incumplirse con este requisito, el VPU deberá reintegrar la amortización especial oportunamente deducida en su balance impositivo, computándola como ganancia gravada y generando sus correspondientes intereses.

Una vez ejercida la opción, se deberá notificar al Ministerio de Economía y a la AFIP, como así también informar anualmente la vida útil asignada a los bienes amortizables.

7.1.3. Transferencia de quebrantos

Los VPU podrán transferir los quebrantos impositivos no absorbidos, según las condiciones previstas en el artículo 183 de la Ley Bases. El Decreto 749 establece que el tercero que recibe los quebrantos podrá computarlos en el período fiscal en el cual los recibe, incluso si esto ocurre una vez finalizado dicho período, pero con anterioridad al vencimiento de la declaración jurada del IG, y posee un período de 5 años desde su imputación para deducir los saldos remanentes.

Los quebrantos transferidos tendrán carácter de quebrantos generales de fuente argentina para el adquiriente.

La transferencia de quebrantos no absorbidos luego de transcurridos 5 años será regulada por la AFIP y estará sujeta a su aprobación, debiendo emitir una resolución dentro de los 45 días hábiles administrativos. En caso de rechazo por razones formales, el contribuyente podrá subsanar las inconsistencias y AFIP deberá expedirse nuevamente dentro de los 10 días hábiles administrativos siguientes.

El tercero quedará excluido de toda responsabilidad (salvo mala fe) en el supuesto de que AFIP cuestione el quebranto trasladado, dirigiendo este reclamo al VPU generador del mismo (excepto en el caso de que el VPU sea una sucursal dedicada, donde el cómputo de los quebrantos haya sido por parte de su casa matriz).

7.1.4. Dividendos

Los dividendos distribuidos por las utilidades provenientes de los VPU tributarán el 7% en el caso de dividendos distribuidos a personas humanas y/o sucesiones indivisas. El Decreto 749 dispone que luego de trascurridos 7 años desde el cierre del período fiscal correspondiente a la adhesión al RIGI, aplicará la alícuota reducida del 3,5% prevista en el artículo 185 de la Ley Bases, independientemente del origen de la renta.

7.1.5. Pagos de los VPU titulares de proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo a beneficiarios del exterior

Se presumirá como ganancia neta el 30% de los importes pagados (excepto que resulte aplicable un tratamiento más favorable o alguna exención dispuesta por la normativa vigente) y deberá aplicarse la correspondiente retención.

7.1.6. Transacciones entre vinculadas

Las transacciones u operaciones que los VPU realicen con sus vinculadas en el país y en el exterior se encontrarán sujetas a las reglas de Precios de Transferencia previstas por la Ley de IG.

Los supuestos de vinculación de los VPU con entidades ubicadas, constituidas, domiciliadas, o radicadas en el exterior, así como también con sujetos que se encuentren en jurisdicciones de baja o nula tributación o en jurisdicciones no cooperantes, se rigen por las disposiciones de la Ley de IG. En cambio, cuando se trate de entidades residentes en Argentina, existirá vinculación entre un VPU y otro contribuyente siempre que se verifiquen los siguientes supuestos establecidos por el Decreto 749:

• Un sujeto posea la totalidad o parte mayoritaria del capital de otro.
• Dos o más sujetos tengan un sujeto en común que posea la totalidad o la parte mayoritaria de sus capitales.
• Un sujeto posea los votos necesarios para formar la voluntad social o prevalecer en la asamblea de accionistas o socios de otro.
• Los miembros que integren una UTE o cualquier otro contrato asociativo o la entidad que creó las Sucursales Dedicadas, o las sucursales de sujetos del exterior y los sujetos residentes en el país estén vinculados según los puntos anteriores.
• Existan acuerdos, circunstancias o situaciones por las que se otorgue la dirección a un sujeto cuya participación en el capital social sea minoritaria.

La AFIP deberá adecuar el mecanismo de Precios de Transferencias de la Ley de IG de manera que pueda ser aplicado a las transacciones entre los VPU y sus vinculadas residentes en el país.

La Ley Bases, en su artículo 186, segundo párrafo, señaló que a los fines de determinar si los acuerdos de reparto o contribución de costos que celebren los VPU con sus vinculadas se consideran ajustados a las prácticas de mercado entre partes independientes, el valor de las contribuciones o aportes efectuados por cada participante debe ajustarse al que una empresa independiente aceptaría en circunstancias comparables. Al respecto, el Decreto 749 estipula que:

• Un sujeto es participante del acuerdo mencionado, si tiene una expectativa razonable de obtener un beneficio del resultado del aquel acuerdo.
• Las contribuciones y los beneficios esperados deberán valorarse como si hubiesen ocurrido entre partes independientes.
• Esa valoración de las contribuciones deberá realizarse sin considerar los beneficios obtenidos en el marco del RIGI.
• En determinados supuestos, AFIP podrá determinar la correcta valoración de las participaciones y los beneficios atribuibles a cada uno de los participantes y también podrá establecer un régimen de información sobre las operaciones de los VPU.

7.2. Impuesto al Valor Agregado (“IVA”)

El monto de IVA que se hubiere facturado a los VPU por adquisición de bienes de uso o por inversiones de obras de infraestructura y/o servicios necesarios para su desarrollo y construcción o el IVA que le hubiera correspondido ingresar al VPU en el caso de importaciones definitivas, será cancelado con un certificado de crédito fiscal, sin que sea necesario para ello, requerir autorización de la AFIP.

El VPU deberá informar mensualmente al organismo los certificados entregados y en caso de que la AFIP detecte inconsistencias, se deberá ingresar el IVA junto con sus respectivos intereses y multas, pudiendo computar el impuesto como crédito fiscal en el período siguiente al que hayan sido cancelados.

7.3. Tratamiento tributario de las Uniones Transitorias u otros contratos asociativos

El Decreto 749 dispone que para poder adherirse al RIGI como VPU, las UTE deberán estar conformadas por sociedades independientes, que se encuentren debidamente inscriptas en el Registro Público que corresponda y que su actividad económica esté orientada a terceros (esto es, proyectarse al mercado).

7.4. Importaciones

La Ley Bases en su artículo 190 dispuso que las importaciones de bienes de capital, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo (excepto insumos), así como las temporarias que realicen los VPU, se encontrarán exentas de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino, y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales.

Al respecto, el Decreto 749 dispone que las exenciones aplicarán a las importaciones que se relacionen directamente con el plan de inversiones aprobado y que, para ello, al momento de la aprobación de la adhesión del VPU al RIGI, este deberá informar al Ministerio de Economía:

• Detalle de la mercadería respecto de la cual se pretende el uso del incentivo previsto en el artículo 190 de la Ley Bases;
• Identificación del VPU adherido y el Proyecto RIGI respectivo al que la mercadería quedará afectada;
• Declaración jurada de que dicha mercadería quedará afectada al Proyecto RIGI; y
• Además, deberá constituirse la correspondiente garantía conforme lo previsto en el artículo 182 de la Ley Bases.

La mercadería estará sujeta a comprobación de destino y deberá ser aplicada al proyecto RIGI hasta: la extinción de la vida útil de la mercadería, del proyecto o del VPU; la reexportación de aquella mercadería; que se abonen los tributos que debieron haberse pagado de no haber accedido a este beneficio; que el Ministerio de Economía lo establezca.

El VPU no podrá cambiar el destino declarado de la mercadería y sólo podrán ser transferidos a otro VPU adheridos al RIGI, previa autorización de AFIP, para lo cual el VPU adquirente deberá acompañar una declaración jurada comprometiéndose a mantener el bien afectado a su proyecto y acreditando el cumplimiento de las garantías prestadas oportunamente.

7.5. Tratamiento tributario de las Sucursales Dedicadas o Especiales

El contribuyente que crea la sucursal dedicada podrá optar por:

• Transferir los beneficios fiscales en forma proporcional al valor del patrimonio neto transferido a la sucursal, como quebrantos trasladables de IG y saldos técnicos de IVA. En este último caso, tendrán las siguientes alternativas:
  • Atribuir los créditos fiscales en proporción al patrimonio neto transferido
  • Trasladar los créditos fiscales directamente obtenidos por la compra o fabricación del activo transferido.
• Transferir los activos, que se mantienen al mismo valor que poseía para la entidad que crea a la sucursal dedicada, sin trasladar beneficios fiscales.

7.6. Reorganización de empresas

En el supuesto que, las empresas en proceso de reorganización opten por adherirse al RIGI como VPU, deberán aportar el instrumento legal que informe dicha situación. Luego, deberán también incluir los instrumentos definitivos y su inscripción en los Registros de Comercio que correspondan.

7.7. Estabilidad tributaria y aduanera

El artículo 201 de la Ley Bases dispone la estabilidad tributaria y aduanera que tendrán los VPU con respecto a los incentivos mencionados anteriormente, los cuales no podrán ser afectados por derogación de la normativa vigente o creación de una nueva norma más gravosa o restrictiva. A su vez, el Decreto 749 dispone que la estabilidad alcanzará a los impuestos, tasas y contribuciones que tengan como sujetos pasivos a los VPU, así como también a los derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación. El VPU podrá oponerse a la imposición de tributos adicionales o alícuotas más altas que las establecidas y también tendrá derecho a aprovechar cualquier eliminación o exención de tributos en el régimen general, así como a beneficiarse de una posible reducción en las alícuotas.

En consecuencia, los VPU que se adhieran al RIGI tendrán el derecho, durante un período de 30 años a partir de la fecha de adhesión, a abonar exclusivamente:

• los tributos con los incentivos ofrecidos por el RIGI; y
• los tributos no contemplados por el RIGI que estuvieran en vigor al momento de su adhesión, hasta que sean eliminados del régimen general.

7.8. Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (“Impuesto PAIS”)

Se suspende el pago del impuesto PAIS previsto en el artículo 35 de la Ley N° 27.541, inciso a), es decir aquel que aplica a la compra de billetes y divisas en moneda extranjera en el mercado de cambios, efectuada por residentes en el país para la importación de las mercaderías que serán sujeta de los incentivos mencionados en el artículo 190 de la Ley Bases.

8. Incentivos Cambiarios

8.1. Cobros de exportaciones de bienes y Fecha de Puesta en Marcha

Según el Artículo 198 de la Ley Bases, los cobros de exportaciones de bienes efectuadas por los VPU quedan exceptuados de la obligación de ingreso y liquidación de divisas por un porcentaje equivalente al 20%, 40% y 100% a partir del segundo, tercero y cuarto año, respectivamente, contados desde la “fecha de puesta en marcha” del VPU.

El Decreto 749 aclara que “Fecha de Puesta en Marcha” significa lo primero que ocurra entre: (a) la fecha de la primera exportación del VPU; y (b) la fecha en que se complete el 40% del monto mínimo de inversión en activos computables (neto de las inversiones computables que solo pudieran tomarse hasta el 15% y el 20% según los artículos 38 y 39 del Decreto 749).

La Fecha de Puesta en Marcha deberá ser informada por el VPU a la Autoridad de Aplicación, detallando específicamente el modo del cumplimiento de alguno de los dos supuestos enunciados en el primer párrafo (por ejemplo, la fecha de la primera exportación, desembolso, el monto y activo computable al que fue aplicado, etc.). Dicha información será remitida por la Autoridad de Aplicación al BCRA.

8.2. Porcentaje de incentivo

El Decreto 749 también aclara que los porcentajes indicados en el punto anterior se calcularán sobre el valor percibido según la condición de venta pactada de las exportaciones de bienes, embarcados luego de transcurrido el plazo que corresponda desde la fecha de puesta en marcha.

8.3. Financiación de exportaciones

El Decreto 749 aclara que los incentivos previstos para las exportaciones de bienes (es decir, la posibilidad de no liquidar cobros hasta ciertos porcentajes) serán aplicables a los anticipos, prefinanciaciones y pos-financiaciones de exportaciones, en la misma medida en que el incentivo aplique a la exportación financiada.

8.4. Financiamientos locales

El Decreto 749 dispone que, a los fines de los incentivos cambiarios del RIGI, se entenderá por financiamientos locales en divisas a los endeudamientos financieros con entidades financieras locales, emisiones de títulos valores con registro local, o de pagarés bursátiles y otros instrumentos que apruebe el BCRA.

8.5. Precancelación de deuda y ausencia de plazo mínimo de permanencia

El Decreto 749 establece que el acceso al mercado de cambios por parte de los VPU para el pago de capital de endeudamientos financieros con el exterior se podrá producir en cualquier momento con anterioridad al vencimiento del servicio, siempre que dicho financiamiento hubiese sido ingresado y liquidado en el mercado de cambios.

En el caso de las inversiones directas de no residentes, los VPU podrán acceder al mercado de cambios a efectos de la repatriación de la inversión en cualquier momento, siempre que la inversión haya sido ingresada y liquidada, y sin cumplir plazo mínimo de permanencia alguno.

8.6. Límites para acceder al mercado de cambios

El Decreto 749 establece que, mientras las disposiciones del régimen general del mercado de cambios establezcan la obligación de ingreso y liquidación total o parcial del producido de las exportaciones, el BCRA podrá disponer que los VPU sólo podrán acceder al mercado de cambios por cualquier concepto, en la medida en que el importe total de divisas ingresadas del exterior y liquidadas en el mercado de cambios por parte del VPU adherido sea, al momento de cada acceso, mayor o igual a los importes en divisas demandadas a esa fecha para el Proyecto Único, incluyendo el acceso que se solicita.

También se aclara que ello no podrá disponerse respecto de los pagos de intereses de endeudamientos financieros y/o pagos de dividendos.

8.7. Aportes en especie y deuda comercial

Las inversiones del VPU concretadas mediante aportes de inversión extranjera directa de bienes de capital en especie o la importación de bienes de capital financiados por el proveedor u otro acreedor del exterior con desembolso directo al proveedor tendrán los mismos beneficios que aquellos ingresados y liquidados en la medida que tales inversiones hayan sido debidamente registradas siguiendo los procedimientos que establezcan la Autoridad de Aplicación y/o el BCRA.

8.8. Ingreso y liquidación parcial

En los casos en que los VPU hubieran ingresado parcialmente por el mercado de cambios los montos correspondientes a aportes de capital u otras inversiones directas o por préstamos u otros endeudamientos financieros con el exterior, el acceso al mercado de cambios para el pago de utilidades, dividendos o intereses a sujetos no residentes no podrá ser superior a la parte proporcional de los aportes de capital u otras inversiones directas y los préstamos u otros endeudamientos financieros con el exterior que hubiese sido ingresada y liquidada por el mercado de cambios.

8.9. Cobros en pesos por parte de acreedores del exterior

Los acreedores no residentes del VPU, incluyendo partes vinculadas, que hubieran recibido pesos en el país como consecuencia de un cobro contra el VPU originado en un incumplimiento del VPU (por ejemplo, en caso de ejecución de dichas garantías), así como los garantes de obligaciones del VPU -incluyendo partes vinculadas- cuya garantía se encuentre expresamente establecida en los acuerdos de endeudamiento por el pago de dicha garantía otorgada, tendrán acceso al mercado de cambios para el repago de capital e intereses en los mismos términos y condiciones que hubiesen resultado aplicables al VPU.

8.10. Garantías para acreedores del exterior

El Decreto 749 establece que el BCRA podrá establecer: (i) mecanismos de acceso al mercado de cambios para que el VPU constituya garantías en el país o en el exterior para el pago de servicios de capital e intereses de endeudamientos con el exterior que hayan sido ingresados y liquidados en el mercado de cambios; y (ii) la posibilidad de acumular cobros de exportaciones de bienes y servicios en cuentas en el país o en el exterior a los fines de garantizar el repago de dichos endeudamientos; por ejemplo, cuentas de reserva onshore y offshore.

8.11. Afectación del normal desenvolvimiento del proyecto

El Decreto 749 establece que en caso de verificar un VPU adherido al RIGI que el normal desenvolvimiento y ejecución de su proyecto se ha visto afectado por acciones u omisiones de organismos públicos y/o entes privados intervinientes en los procedimientos administrativos relativos al cumplimiento de los requisitos y/o condiciones formales y/o sustanciales establecidas en la normativa cambiaria, el VPU podrá notificar a la Autoridad de Aplicación sobre la existencia de tal situación con explicación circunstanciada del caso, aportando las evidencias que estén en su poder si las hubiere, e identificando los organismos públicos y/o entes privados y sus respectivos funcionarios, agentes o empleados involucrados, a fin de que, de corresponder, la Autoridad de Aplicación adopte de inmediato las medidas necesarias para restablecer el normal desenvolvimiento y ejecución del proyecto del VPU adherido al RIGI.

Dichas medidas deberán ser adoptadas por la Autoridad de Aplicación dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la notificación del VPU, incluyendo el envío de una notificación cursada a todos los involucrados identificados por el VPU solicitando explicaciones sobre la situación denunciada. Ello, sin perjuicio de las derivaciones administrativas, civiles y penales que pudieren derivarse de la situación denunciada por el VPU.

8.12. Reglamentación adicional del BCRA

Dentro de los 30 días corridos de la publicación del Decreto 749, el BCRA deberá dictar las normas complementarias necesarias a fin de posibilitar, en lo que respecta a la normativa cambiaria, el uso efectivo de los derechos reconocidos en el RIGI.

La mencionada normativa también contemplará casos de aportes de bienes por parte de sujetos del exterior y los mecanismos para atender garantías de financiamientos locales y del exterior, incluyendo la aplicación de exportaciones propias, por hasta el monto de divisas que el VPU hubiera ingresado y liquidado por el mercado de cambios en relación al endeudamiento con el exterior del que se trate con más sus intereses.

8.13. Acumulación de beneficios

En lo que respecta a los incentivos cambiarios, los beneficios previstos en el RIGI en esta materia no podrán ser acumulados con los incentivos de otros regímenes promocionales existentes o a crearse, incluyendo, sin limitación, a los siguientes: (i) Decreto N° 929/13; (ii) Decreto N° 234/21; (iii) Decreto N° 892/20; (iv) Decreto N° 277/22; (v) Decreto N° 679/22; y (vi) Decreto N° 28/23, o aquellas normas que en el futuro las reemplacen.

8.14. Control y transferencia de los activos

En los casos en que los activos y/o derechos sobre los mismos que se hayan computado a los efectos del cumplimiento del Monto Mínimo deban ser transferidos a un tercero en cumplimiento forzoso de una medida obligatoria de poder público, sobreviniente a la adhesión, serán de aplicación las siguientes reglas:

1. no será necesaria la previa autorización para la desafectación del activo prevista en el artículo 179 de la Ley Bases, debiendo informar sobre la transferencia a la Autoridad de Aplicación dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrida, incluyendo la referencia a la norma de la que surge la obligación de transferencia.
2. La transferencia no afectará el cómputo del activo como parte del cumplimiento del Monto Mínimo aun cuando dicho activo ya no se encuentre en el patrimonio del VPU, en la medida en que la parte no cedida a un tercero, permanezca afectada al Proyecto RIGI o resulte necesaria para la operación del Proyecto RIGI.
3. La transferencia a un tercero del activo computado y/o derechos sobre el mismo impuesto como obligación de la normativa aplicable no generará la obligación de adquirir otro activo en sustitución del valor del activo cedido a los efectos del cumplimiento del Monto Mínimo.

9. Procedimiento para adherir al RIGI

La solicitud de adhesión al RIGI deberá ser presentada ante la Autoridad de Aplicación y suscripta por el representante legal del VPU, cuya identidad y el carácter deberán estar certificadas notarialmente. Sin perjuicio de las disposiciones posteriores que pueda establecer la Autoridad de Aplicación, la solicitud debe contener:

1. Descripción del Proyecto Único a cargo del VPU, incluido el detalle del plan de inversión, su ubicación y el Sector al que corresponde.
2. Datos societarios del VPU.
   1. Documento que acredite la constitución y vigencia del ente o contrato asociativo, certificada por escribano público.
   2. Documentación que acredite que el Proyecto Único a desarrollar se encuentra a cargo del VPU.
   3. Declaración jurada suscripta por el representante legal del VPU en la que se consigne que el ente no llevará a cabo actividades ni mantendrá activos ajenos al Proyecto Único, exceptuando aquellas inversiones temporales asociadas al capital de trabajo; los casos en los cuales la titularidad de activos afectados al Proyecto Único no sea posible por imposición legal; y los casos de derechos de uso en los supuestos de EELP.
   4. Constitución de domicilio, físico y electrónico.
   5. Monto total de la inversión del Proyecto Único en activos computables. Se deberá:
      1. Discriminar los desembolsos destinados a: (i) consolidar el Proyecto Único realizados con anterioridad a la solicitud, y (ii) aquellos al desarrollo del Proyecto Único, especificando los montos involucrados en las distintas Etapas de inicio, construcción, operación y cierre del Proyecto Único, así como también, los rubros y conceptos de inversión proyectados.
      2. Indicar en caso de corresponder, las adquisiciones o asignación de activos que deben computarse al quince por ciento (15%) del monto mínimo realizadas o a realizarse desde la entrada en vigencia del RIGI.
      3. Detallar los montos destinados a la cancelación de las obligaciones asumidas en contrataciones de servicios esenciales con identificación del proveedor.
      4. Incluir una estimación pormenorizada de los pagos que se proyectan realizar a sociedades vinculadas, en los términos del artículo 18 de la Ley de IG.
   6. Detalle de los rubros principales a los que se destinará la inversión en activos computables.
   7. Cronograma estimado de inversión total del proyecto, con plazo de obra o construcción, fecha estimada de inicio de operación y vida útil del proyecto.
   8. Monto de la inversión en activos computables que se realizará durante el primer y segundo año.
   9. Declaración de no distorsión del mercado local, sustentada en un estudio técnico.
   10. Fecha antes de la cual el VPU se compromete a alcanzar y haber cumplido el monto mínimo de inversión en activos computables.
   11. Descripción de la fuente y/o modo de financiamiento de la inversión.
   12. Detalle del número de empleados directos e indirectos totales por etapa del Proyecto Único.
   13. Plan de desarrollo de proveedores.
   14. Estimado de producción y, de corresponder, monto estimado de exportaciones.
   15. Balance comercial y flujo de divisas estimados.

La Autoridad de Aplicación deberá expedirse respecto de la solicitud de adhesión en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles. En caso de que la Autoridad de Aplicación solicite información complementaria al VPU, aclaraciones que resulten indispensables para analizar la viabilidad y factibilidad del proyecto o cite a los representantes del VPU a una audiencia, se suspenderá este plazo hasta la presentación de la información requerida, o bien la fecha de realización de la audiencia.

Una vez reanudado el plazo, la Autoridad de Aplicación deberá expedirse dentro de los días que restaren del plazo establecido, o dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, el que resultare mayor. La falta de pronunciamiento no podrá interpretarse como una aceptación.

En caso de rechazo de la solicitud, se podrá presentar hasta dos (2) veces un plan de inversión readecuado durante el mismo año calendario en el que se hubiese recibido la notificación del primer rechazo de la solicitud.

10.Creación de Registros

Se crea el “Registro de Vehículos de Proyecto Único”, el “Registro de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo”, y el “Registro de Proveedores del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones”.

11. Autoridad de Aplicación

Se designa al Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación del RIGI, quien deberá conformar un “Comité Evaluador de Proyectos”, para el análisis de las solicitudes de adhesión al RIGI presentados por los VPU y los Proveedores Locales.

El Comité Evaluador de Proyectos se expedirá teniendo en consideración los informes técnicos de las áreas intervinientes y recomendará la aprobación o rechazo de las solicitudes presentadas. Dicho Comité será integrado por los titulares de las Secretarías del Poder Ejecutivo Nacional (el “PEN”) o funcionarios con rango y/o jerarquía superior o equivalente.

12. Jurisdicción y arbitraje

En la solicitud de adhesión el VPU podrá establecer, junto con la Autoridad de Aplicación, las formas, procedimientos y demás requisitos que deberá observar para comunicar la existencia de una disputa, cuya notificación deberá efectuarse a la Autoridad de Aplicación con copia a la Procuración del Tesoro de la Nación.

Asimismo, se introduce el concepto de “Contrato de Arbitraje”. En la solicitud de adhesión el VPU adherido al RIGI deberá manifestar por escrito su aceptación de que tanto el VPU como sus socios o accionistas resolverán las disputas mediante los mecanismos previstos en la Ley Bases. Una vez aceptada la adhesión, quedará perfeccionado el Contrato de Arbitraje entre el Estado Nacional y el VPU, que tendrá efectos a partir de la fecha del acto administrativo aprobatorio de la solicitud de adhesión.

La solicitud de adhesión también deberá prever que el cálculo de la indemnización contemplará el daño emergente y lucro cesante en cada caso, y la afectación a la ecuación económica financiera del Proyecto Único.

Excepcionalmente, la Autoridad de Aplicación podrá proponer al PEN, con el consentimiento expreso del VPU, mecanismos de solución de disputas específicos para el proyecto RIGI de que se trate.

De acuerdo a los mecanismos de resolución de Disputas previstos en la Ley Bases, el Decreto 749 reglamenta el “Panel RIGI” con competencia para resolver las Disputas que deriven del RIGI o guarden relación con éste, entre el Estado nacional y un VPU adherido al RIGI. El Panel RIGI estará facultado para:

1. Recibir los reclamos de los VPU adheridos resolviendo sobre su procedencia y tramitación inicial.
2. Convocar a las partes a audiencia de conciliación y, de arribar a acuerdo satisfactorio, homologarlo con fuerza de laudo arbitral.
3. Disponer la realización de las medidas probatorias que sean conducentes a la resolución de las causas.
4. Resolver las cuestiones que los particulares le sometan a su jurisdicción, sobre los temas de su competencia.

Además, el Panel RIGI estará integrado por tres (3) profesionales de las áreas de ingeniería, ciencias económicas y, al menos un (1) profesional del derecho, que se encuentren incluidos en el listado de profesionales habilitados que a tal efecto llevará la Autoridad de Aplicación, confeccionado previo concurso público. Las partes los designarán de común acuerdo, dentro de los quince (15) días hábiles. Los profesionales habilitados designados para resolver una Disputa en el marco del Panel RIGI podrán convocar a las partes a audiencias y a disponer la producción de los medios de prueba que resulten conducentes, con el objetivo de expedirse sobre la Disputa dentro del plazo sesenta (60) días corridos desde el cierre del proceso, prorrogable por una única vez por igual período.

Bajo el Decreto 749, no se considerará que existe inversión protegida bajo los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones sino hasta que la solicitud de adhesión al RIGI y el plan de inversión han sido aprobados y en la medida y con el alcance establecidos en el tratado de promoción y protección recíproca de inversiones que resulte aplicable.

Se admite la acumulación de uno o más procesos de disputa vinculados a un único proyecto del mismo VPU.

***

Para información adicional, por favor contactar a Nicolás Eliaschev, Javier Constanzó, Julieta De Ruggiero, Francisco Molina Portela, Gastón Miani o Leonel Zanotto.

---

by trsym