Modificación de las normas de PLA/FT aplicables a Entidades Financieras y Cambiarias
El 2 de febrero de 2023 la Unidad de Información Financiera (“UIF”) publicó la Resolución UIF N° 14/2023 (la “Resolución 14/23”) mediante la cual se modifican los lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley N°21.526 y las entidades cambiarias sujetas al régimen de la Ley N°18.924 deben adoptar y aplicar para gestionar el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA/FT.
La nueva normativa entrará en vigencia el 1 de abril de 2023 y reemplazará a la Resolución UIF N° 30/2017, vigente en la actualidad.
En cuanto a su alcance, la Resolución 14/23 mantiene los principales lineamientos previstos por la Resolución 30/2017 vigente, pero introduce ciertas modificaciones propiciadas por los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA y FT/FP efectuadas durante el año 2022 y aprobadas por los Decretos Nros. 653/22 y 652/22, respectivamente, así como por los informes publicados por la UIF sobre “Análisis de los Informes Técnicos de Autoevaluaciones de Riesgos de los Sujetos Obligados” (2022) y “Análisis y evaluación de los reportes de operaciones sospechosas de los sujetos obligados” (2022).
La Resolución incorpora, a los efectos de mejorar la efectividad del Sistema de Prevención de LA/FT, un mecanismo de actualización automático adoptando como parámetro el Salario, Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el cual se aplica en casos de alertas por depósitos en efectivos o para determinar la existencia de una relación de banca privada, entre otros. Asimismo, se readecua la disposición referente a la obligación de efectuar Reportes de Transferencias Internacionales y se establece como nuevo requisito para su realización que la operación en cuestión sea igual o mayor al valor de un SMVM.
A su vez, la Resolución 14/23 identifica supuestos considerados de riesgo alto que conllevarán la aplicación de una Debida Diligencia Reforzada por parte de los sujetos obligados. Algunos de dichos supuestos son: clientes no residentes en el país; personas o estructuras jurídicas que sean vehículos de tenencia de activos personales; personas o estructuras jurídicas que operan con fondos de terceros; las sociedades por acciones simplificadas; entre otros.
Adicionalmente, en materia de monitoreo de la operatoria de los clientes, la Resolución 14/23 enuncia señales de alerta orientativas que deberán ser valoradas por los sujetos obligados a fin de determinar si corresponde efectuar un Reporte de Operación Sospechosa. Entre tales supuestos, la norma menciona los casos en que se realicen operaciones secuenciales o transferencias electrónicas simultáneas entre distintas jurisdicciones, sin razón aparente; casos en los que la actividad principal del cliente está relacionada con activos virtuales; cuando se efectué una triangulación de fondos entre cuentas bancarias del cliente, sus familiares, sociedades y terceros relacionados sin justificación económica aparente, entre otros.
Para más información sobre este tema, contactar a Eugenia Pracchia y/o Mariano Rovelli.
La Oficina Anticorrupción publicó la Guía para la implementación de programas de integridad en PyMEs
El 12 de noviembre de 2019, a través de la Resolución 36/2019, la Oficina Anticorrupción (OA) publicó la Guía complementaria para la implementación de programas de integridad en Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).
La mencionada resolución se suma a los lineamientos publicados por la OA en 2018 para el diseño, la implementación y la evaluación de Programas de Integridad en el marco de lo establecido por la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (ley 27.401).
Esta Guía complementaria para la implementación de Programas de Integridad tiene por objetivo brindar herramientas e instrumentos prácticos que puedan ser aplicados por las PyMEs, contemplando las particularidades propias del sector. Se trata de un trabajo conjunto con la Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de Producción y Trabajo.
Es especialmente importante ya que a partir de la vigencia de la ley 27.401 las personas jurídicas, entre las que se encuentran las pequeñas y medianas empresas, son responsables por ciertos delitos asociados con la corrupción en los que puedan haber intervenido, o que se cometan en su nombre, interés o beneficio. Esa misma ley promueve que las personas jurídicas implementen Programas de Integridad, como condición para participar en determinadas contrataciones con el Estado Nacional, o bien como parámetro de graduación de una eventual pena. La existencia de un Programa de Integridad es además, un elemento que en determinadas condiciones, puede conducir a la eximición de la sanción penal.
La OA recibió e incorporó aportes y contribuciones de expertos en compliance, interesados y público en general, por medio de la plataforma de consulta pública de la Secretaría de Gobierno de Modernización-
La guía de Integridad complementaria para PyMEs puede visualizarse en la web de la OA.
Desde TRSyM estamos a disposición para ampliar cualquiera de los puntos aquí tratados. Para información adicional, por favor contactar a Eugenia Pracchia y/o María Emilia Cargnel.
UIF - Nuevos lineamientos de prevención del LA/FT para operadores de tarjetas de crédito
El 29 de julio de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución N° 76/2019 (la “Resolución”) a través de la cual la Unidad de Información Financiera (“UIF”) estableció los lineamientos de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (“LA/FT”), aplicables a los operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, así como también a los emisores de cheques de viajero. Cabe destacar que, la Resolución, establece que no será de aplicación a los operadores de la tarjeta que instrumenta el sistema único de boleto electrónico o SUBE.
La Resolución adoptó, para los mencionados operadores, lineamientos similares a los previamente incorporados por la resolución N° 30-E/2017 de la UIF, los cuales resultan aplicables a las entidades financieras. En consecuencia, los operadores de tarjetas de crédito y compra, y los emisores de cheques de viajero, deberán incluir un sistema de autoevaluación de riesgos que deberá respetar los factores de riesgos y mitigación de riesgos que se encuentran determinados en la Resolución, así como también contar con registros detallados que reflejen un conocimiento acabado del perfil de sus clientes. Adicionalmente, los sujetos obligados deberán continuar con la confección de un manual de procedimientos para la prevención del LA/FT, y designar un oficial de cumplimiento.
Asimismo, la Resolución en su Art. 22 también incorpora la posibilidad para el cliente de solicitar que se comparta toda la información y documentación contenida en su legajo, relativa a su identificación y al origen y solicitud de los fondos.
En cuanto a la aplicación de la norma, se prevé un plan de implementación progresivo por el cual los sujetos obligados deberán cumplir con lo siguiente:
- al 31 de diciembre de 2019 se deberá haber desarrollado y documentado la metodología de identificación y evaluación de riesgos;
- al 31 de marzo de 2020 se deberá contar con un informe técnico que refleje los resultados de la implementación de la metodología de identificación y evaluación de riesgos;
- al 30 de junio de 2020 se deberán haber ajustado las políticas y procedimientos conforme a la Resolución y a los resultados de la autoevaluación de riesgos efectuada, los que deberán estar contenidos en el manual de prevención de LA/FT; y
- al 28 de febrero del 2020 se deberá haber dado cumplimiento a los regímenes informativos respecto del mes inmediato anterior.
A todo evento, los sujetos obligados deberán comunicar a la UIF la designación de la persona responsable para atender los requerimientos urgentes, dentro de los 10 días de la publicación la Resolución.
Finalmente, la Resolución deja sin efecto la resolución N° 2/2012 de la UIF.
Para mayor información no dude en contactarse con Eugenia Pracchia o bien a compliance@trsym.com.