El día viernes 14 de marzo de 2025 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General Nro. 1058/2025 (la “Resolución”) emitida por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), la cual introduce cambios específicos en diversos artículos ya reglamentados en materia de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (“PSAV”). Esta Resolución se enmarca dentro de lo dispuesto por la Ley N° 25.246 y sus normas modificatorias y reglamentarias (la “Ley PLAFT”).

Entre todas las modificaciones introducidas por la Resolución, se destacan las siguientes:

1. Excepciones y nuevos requisitos para la inscripción como PSAV

Se establecen excepciones al registro como PSAV, entre las que se encuentran las personas humanas que, encuadrando en la definición de PSAV dada por la Ley PLAFT, no excedan en conjunto treinta y cinco mil unidades de valor adquisitivo (UVA 35.000) por mes calendario en sus actividades u operaciones.

Asimismo, entre otras modificaciones, se establece que las personas jurídicas constituidas en el país que operen como PSAV deberán hacerlo bajo la forma de la Sociedad Anónima (S.A.) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), en los términos de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 (la “LGS”), excluyendo expresamente el uso de Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) para el desarrollo de estas actividades.

En el caso de las personas jurídicas constituidas en el extranjero, podrán ofrecer servicios de PSAV si se encuentran inscriptas en nuestro país en los términos del artículo 118 de la LGS bajo cualquiera de las formas previstas, o bien en los términos del artículo 123 de la LGS.

2. Nuevas incompatibilidades y categorías de PSAV

La Resolución introduce incompatibilidades adicionales que pueden surgir incluso después de haberse otorgado el registro. Si ello ocurre, la persona humana afectada deberá informar de inmediato a la CNV y abstenerse de ejercer la actividad.

En paralelo, se establecen distintas categorías de PSAV que dependen de la actividad que se pretenda realizar, que impactarán en las exigencias normativas y de control operativo requeridas en la Resolución para cada una de ellas. En este sentido, cada solicitante (persona humana o jurídica) deberá indicar la o las categorías de PSAV en las que pretende inscribirse, de acuerdo con la actividad que realice.

Por otro lado, los PSAV deberán acreditar en todo momento el Patrimonio Neto Mínimo requerido para su categoría de actividad, tanto al solicitar la inscripción en el Registro como durante su permanencia en él, cuyos valores oscilan entre USD 35.000 y USD 150.000 dependiendo de la categoría de la que se trate.

3. Mayores exigencias en materia de Prevención de Lavado de Activos, Confidencialidad y Ciberseguridad.

La Resolución establece requisitos específicos en materia operativa y de seguridad de la información, diferenciados según la categoría del PSAV, que impactan en el diseño de los manuales de procedimiento y de los sistemas informáticos utilizados para la prestación del servicio. Estos últimos deberán ser evaluados periódicamente por un profesional idóneo informático, que evalúe la inalterabilidad de la información y un enfoque de ciberseguridad basado en riesgos (gobernanza, identificación, protección y respuesta).

Además, se establece la confidencialidad como principio esencial al prohibir la divulgación de información que comprometa la seguridad de los activos virtuales o la infraestructura del PSAV, y se reitera el deber de cumplir con los lineamientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, reforzando así la vigilancia sobre la legitimidad de fondos y transacciones.

Asimismo, se exigen políticas de seguridad de la información intensificadas, que aseguren la protección de datos y la prevención de accesos indebidos, debiendo asimismo cada PSAV actualizar sus mecanismos de gestión de riesgos a fin de prevenir incumplimientos regulatorios.

4. Designación de responsables ante la CNV y regulación en materia de Defensa del Consumidor

Por otro lado, la Resolución obliga a los PSAV a nombrar un Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno, encargado de supervisar procedimientos internos, monitorear la eficacia de los mecanismos de control y elaborar un informe anual para la CNV. Asimismo, se incorpora la necesidad de designar un Responsable de Relaciones con el Público, intensificándose los controles en materia de defensa del consumidor, especialmente en lo atinente al deber de transparencia de los PSAV frente a sus clientes.

5. Plazos de adecuación para PSAV ya inscriptos

La Resolución establece que los PSAV ya inscriptos deberán actualizar la información y documentación aportada para adecuarse a lo requerido en la Resolución dentro de plazos específicos.

En particular, las personas humanas deberán cumplir estos requisitos antes del 1° de julio de 2025, mientras que las personas jurídicas constituidas en el país tendrán plazo hasta el 1° de agosto de 2025.

Por su parte, las personas jurídicas extranjeras que operen en Argentina deberán presentar su documentación antes del 1° de septiembre de 2025, acreditando la inscripción según corresponda al tipo de representación constituida en el país (art. 118 o 123 de la Ley N° 19.550).

Quien no cumpla con la actualización y presentación de la documentación dentro del plazo establecido, podrá ser dado de baja del registro correspondiente como PSAV, haciendo imprescindible la revisión legal y societaria con la debida anticipación.

6. Regímenes informativos, entrada en vigencia de la Resolución y suspensión temporal de nuevas inscripciones

Finalmente, la Resolución incorpora la necesidad de los PSAV de presentar distintos regímenes informativos mensuales y anuales ante la CNV, los cuales deberán ser cumplimentados en los plazos específicos estipulados para cada uno de ellos, con especial atención a aquellos fijados para la presentación de tales regímenes por parte de los PSAV ya inscriptos.

Destacamos que se ha suspendido temporalmente la admisión de nuevos trámites de inscripción al registro de PSAV hasta la entrada en vigencia de la Resolución, esto es, a los 45 días desde su publicación en el Boletín Oficial.

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Para más información sobre este tema, contactar a Eugenia Pracchia y/o Rocío Pardo Domínguez.